Ambos se encuentran imputados por desórdenes públicos a pesar de haber estado ejerciendo sus profesiones en el lugar que fueron aprehendidos.
Diversas son las repercusiones que ha tenido, hasta la fecha, el homicidio del comunero Camilo Catrillanca, ocurrido en noviembre de 2018. Es que pasadas las horas, el descontento social fue tomándose las calles de las principales ciudades del país, poniendo en evidencia, nuevamente, el negligente actuar de Carabineros y del Gobierno.
Así ha quedado demostrado al pasar de los meses, como en el caso del defensor de Derechos Humanos e integrante del equipo del Centro de Investigación y Defensa Sur (CIDSUR), Eduardo Painevilo, quien fue detenido de forma ilegal en el contexto de una marcha autorizada en el centro de Temuco, un día después del homicidio de Catrillanca. “Él fue detenido mientras grababa a funcionarios policiales deteniendo a otras personas y cuando se percatan que estaba grabando fue detenido inmediatamente (…) lo grave de esta situación no es solo la detención completamente ilegal, sino que se trata de una marcha que estaba autorizada y, además, Eduardo había interpuesto un recurso de amparo, porque él también es abogado querellante en la causa Huracán junto a Karina Riquelme (defensora) debido a que estaban siendo seguidos por Carabineros”, relata Sebastián Saavedra, abogado representante de Painevilo. Dicho recurso de amparo, presentado previamente, fue acogido por la Corte Suprema, la cual señaló que la Institución de Carabineros debía tomar los resguardos para no afectar el libre ejercicio de la profesión de abogado.
“Justamente, cuando Eduardo fue detenido se encontraba en la marcha evidenciando la ilegalidad de las detenciones que estaba efectuando Carabineros, frente a personas que estaban protestando de forma pacífica y es detenido, por lo tanto se encuentra un incumplimiento aquí de lo que ordenó la Corte Suprema” enfatizó Saavedra.
El defensor alega estar frente a un proceso totalmente “viciado”, “la fiscal del caso, cerca de la 1 de la mañana da la libertad de todas las personas detenidas (cerca de 30), sin embargo ninguno de ellos fue liberado sino hasta las 8 de la mañana”. Actualmente, Painevilo fue requerido en un proceso simplificado por desórdenes públicos y tendrá su primera audiencia a fines de agosto, fecha en la que se presentarán las pruebas audiovisuales que confirman la inocencia del abogado de CIDSUR, confirmó Saavedra.
EL CASO DE LA PERIODISTA DETENIDA CUANDO ESTABA TRABAJANDO
Similar situación es denunciada por Pamela Nahuelcheo, también abogada de CIDSUR y representante de Stephanie Molina, periodista del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de La Frontera de Temuco, quien fue detenida junto al abogado Painevilo y, de igual forma, dejada en libertad por Carabineros de la 2da Comisaría de Temuco casi 9 horas después de lo ordenado por la fiscal designada en el caso. “Ella fue detenida mientras grababa con su teléfono celular para efectos de publicarlo en las plataformas de su trabajo”, cuenta su defensora. Posteriormente la profesional fue trasladada a la 8va comisaría de Carabineros donde, entre los diversos procedimientos previos a ser llevada al calabozo, es obligada a desnudarse, “Carabineros le pide que se saque toda la ropa para poder revisarla, ella se negó entendiendo que esa es una situación que no está permitida por la ley, ni por ningún reglamento”, asegura Nahuelcheo. Luego, la profesional de las comunicaciones es trasladada a la 2da Comisaría donde el procedimiento se repite, Carabineros le vuelve a solicitar que se desnude y, además, le aseguran que en caso de no hacerlo su libertad se verá retrasada.
RECURSOS DE AMPARO Y QUERELLA
En este caso, la abogada de CIDSUR, Pamela Nahuelcheo, interpuso un recurso de amparo “para denunciar, primero, el tema del desnudamiento y, segundo, de la prolongación excesiva e injustificada del tiempo de detención”.La corte de Apelaciones acogió el recurso respecto de la privación excesiva de libertad, y en el caso del desnudamiento consideró que no habían pruebas suficientes, aunque “esta no es la primera vez que se denuncian las situaciones de desnudamiento en comisarías y hace algunos meses atrás ya salieron los primeros fallos de la Corte de Apelaciones de Temuco en las que sí se da valor a este tipo de denuncias, hechas principalmente por el INDH”, aclara Nahuelcheo.
Posteriormente, fue presentada una querella por detención ilegal y apremios ilegítimos, causa que está en proceso de investigación y que busca “encontrar a los profesionales responsables de haberla mantenido detenida por tanto tiempo y de manera ilegal, y a las funcionarias que obligaron a desnudarse a la periodista”, enfatizó la defensora.
Al igual que el abogado Painevilo, la periodista Stephanie Molina se encuentra imputada por desórdenes públicos.
escrito por Natalia Meza Serra.