El día de ayer 13 de diciembre, la Corte de Apelaciones de Temuco dio a conocer el fallo que acogió un recurso de amparo presentado en favor de la periodista Stephanie Molina, encargada de comunicaciones del Centro de DDHH de la UFRO, quien fue detenida mientras cubría una manifestación en repudio a la muerte de Camilo Catrillanca.
En la acción deducida en conjunto por el INDH y CIDSUR, se denunció no sólo la detención ilegal y arbitraria de la amparada, sino también la prolongación excesiva de la privación de libertad ya que desde que se dio la orden de libertad por la fiscal de turno, Carabineros la mantuvo detenida por alrededor de 7 horas más.
Además se denunciaron los tratos degradantes de las que fue víctima, debido a que fue obligada por los funcionarios policiales a desnudarse en dos oportunidades, aun cuando ya se tenía conocimiento de la orden de libertad. Es preciso destacar, que no existe ningún protocolo ni norma legal que habilite a Carabineros a obligar a desnudarse a las detenidos.
Atendidos los antecedentes, la Corte acogió el amparo ordenando lo siguiente:
“1.- En relación con los períodos de detención, en lo sucesivo los funcionarios de Carabineros deberán ceñir su actuar estrictamente a los protocolos institucionales, a la normativa legal existente y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscritos por Chile, tanto respecto de la amparada como de cualquier persona que se encuentre detenida en dependencias policiales de Carabineros de Chile.
2 . – Se ordena remitir copia de esta resolución y de los antecedentes de esta causa a la Fiscalía Regional de la Araucanía, a fin de que se investiguen eventuales vulneraciones a los protocolos de registro corporal de los detenidos, y en especial de las detenidas en relación con lo que disponen las normas nacionales e internacionales en relación con dicha materia.” (Amparo 173-2018 CAT)
Esta acción fue presentada por el Centro de Investigación y Defensa Sur, en base a la necesidad de poner en evidencia las vulneraciones y vejaciones ocasionadas por funcionarios policiales, particularmente a mujeres en contextos de detención, como una forma de visibilizar la necesidad de denunciar estas prácticas ilegales normalizadas por la sociedad.