El Centro de Investigación y Defensa SUR es una organización social, sin fines de lucro, orientado a investigar y documentar situaciones de vulneración de DD.HH, así como también brindar defensa jurídica especializada tanto en el contexto nacional e internacional a personas indígenas y no indígenas, niños y adultos, que producto de su participación en actos relacionados a la protesta social sean perseguidos penalmente o vean vulnerados sus derechos fundamentales por parte de agentes del Estado, así como el acompañamiento psicosocial de sus familias, la documentación e investigación del fenómeno asociado a la criminalización de la protesta social.
El Centro de Investigación y Defensa SUR fue constituido legalmente el 15 de abril del 2011, sobre la base de equipos de trabajo con experiencia previa en la defensa de derechos humanos. Los integrantes de CIDSUR han participando en procesos emblemáticos de defensa de derechos humanos en el contexto de criminalización de las reivindicaciones del pueblo mapuche.
El trabajo se desarrolla de forma autónoma en la defensa de los derechos humanos de ciudadanos indígenas y no indígenas que habitan el sur de Chile, que han sido acusados de delitos asociados a la protesta social, y en el cual se han invocados leyes de excepción (Ley antiterrorista, ley de Seguridad Interior del estado) por parte del Ministerio Público y de instituciones del Estado. Con experiencia en la defensa ante la Justicia Militar en el procesamiento de civiles, y causas en contra de agentes del Estado que han vulnerado el derecho a la integridad física y psíquica de personas indígenas y no indígenas a través del ejercicio de tortura, tratos crueles y degradantes, manteniendo dicha línea de acción ante Instituciones de la Reforma Procesal Penal, esto es, Fiscalías del Ministerio Público, Juzgados de Garantía o Tribunal Oral en lo Penal.
La actividad de defensa ante tribunales, así como el acompañamiento psicosocial, tiene una gran importancia en el contexto político del Chile actual, ya que, no obstante, la recuperación democrática, persisten graves obstáculos para la vigencia efectiva de los derechos humanos de los ciudadanos, en general, y de los pueblos originarios, en particular.
Lo anterior se caracteriza por la persistencia de hechos de violencia policial en contra de civiles y la criminalización de la protesta social, la inexistencia de un marco jurídico apropiado que resguarde los derechos de los pueblos originarios. Así como el apoyo a las familias de los dirigentes o ciudadanos que han sufrido el proceso de criminalización.
Si bien el Estado presenta instituciones de defensa de derechos, ya sea el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), o la Defensoría Penal Pública u otras, éstas resultan insuficientes o tienen un perfil más específico, este escenario ha motivado la conformación de organizaciones de la sociedad civil, que tienden a desarrollar labores de defensa de los derechos humanos, desde la ciudadanía, es en este contexto que surge CIDSUR.