Hacer posible el acompañamiento, orientación y defensa jurídica especializada de ciudadanos indígenas y no indígenas, niños y adultos acusados de delitos asociados a la protesta social, para así garantizar el respeto al debido proceso y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Nuestro fin es propender al resguardo del debido proceso, el acompañamiento psicosocial de sus familias, así como la documentación e investigación del fenómeno asociado a la criminalización de la protesta social.