En el día de ayer, el Presidente Piñera convocó a una “Cumbre de Seguridad” en el contexto de los hechos de violencia ocurridos en la región de La Araucanía en las últimas semanas. En dicha reunión, a la que asistieron, entre otros, miembros de su gabinete, y directivos de las Policías y del Ministerio Público, se analizó la compleja realidad hoy existente en la zona y se anunciaron un conjunto de medidas -nueve en total- para combatir el recrudecimiento de la violencia en la zona.
De estas medidas, una apunta en la dirección de fortalecer el “desarrollo” indígena, a través de la conformación de un Área de Desarrollo Indígena en las comunas de Ercilla y Collipulli, en tanto las ocho restantes apuntan a la investigación y persecución de los hechos de violencia que motivaron la convocatoria a esta cita. Ello, a través del reforzamiento y coordinación de la labor de las policías en la zona de conflicto; del incremento de la dotación de efectivos y la intensificación de su labor de inteligencia; el establecimiento de un equipo jurídico del Ministerio de Interior y Seguridad Pública y de la Intendencia regional para la persecución penal de los hechos de violencia que ocurran en la zona; y la conformación de una comisión de alto nivel que asesore al Ministerio del Interior para evaluar enmiendas legales para fortalecer la institución de los testigos protegidos.
El Observatorio Ciudadano, como organismo de promoción, investigación y defensa de derechos humanos con sede en la Araucanía, se hace un deber en señalar en relación a los hechos de violencia verificados en la región en las últimas semanas, así como en relación a los anuncios gubernamentales, lo siguiente:
1.- Lamentamos y condenamos categóricamente los hechos de fuerza que afectan a familias rurales de la región, incluyendo a personas mapuche y no mapuche, en particular aquellos en los que se han utilizado armas de fuego que ponen en peligro la vida y la integridad física y síquica de las personas. Reiteramos, como lo hemos hecho en el pasado, que tales hechos, además de ser delictivos, no conducen a superar los conflictos interétnicos de larga data existentes en la región. Por lo mismo deben ser investigados por la justicia, cualesquiera que sean sus responsables, y sancionados de acuerdo a derecho.
Rechazamos, sin embargo, la imputación directa o indirecta que las autoridades, los gremios, y los medios de comunicación hacen de ellos a comunidades u organizaciones mapuche, dado que no existen aún antecedentes fehacientes que permitan determinar a sus autores. Aún cuando no podemos imputar tales acciones a grupos étnicos o sectores específicos por las razones antes señaladas, nos parece pertinente afirmar que el Observatorio Ciudadano, al igual que lo hiciera el Relator Especial de la ONU sobre derechos indígenas, James Anaya, en su informe de misión a Chile del 2009, “desaprueba el recurso a actos de violencia como medio de protesta, inclusive en aquellas situaciones relacionadas con reivindicaciones legítimas de los pueblos y comunidades indígenas.”
2.- Condenamos igualmente los hechos de violencia que son imputables a los agentes policiales del estado, como los ocurridos en las afueras del Hospital de Collipulli, el día lunes 23 de julio, en los cuales al menos cuatro comuneros mapuche, entre ellos un menor de edad, resultaron heridos con perdigones luego de que Carabineros les disparara mientras acompañaban a sus familiares a constatar lesiones tras el desalojo del Fundo La Romana.
Tales hechos, lamentablemente, no son aislados, y forman parte de un patrón de actuación policial en la región que ha afectado gravemente a integrantes de comunidades mapuche,
incluyendo a niños y niñas, quienes han sido objeto de numerosos casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y de tres casos de homicidio que, lamentablemente, han quedado en la impunidad hasta la fecha. El actuar policial contrario a los derechos humanos llevó a la Corte Suprema hace una semana a acoger un recurso de amparo a favor de la comunidad de Wente Winkul Mapu de Ercilla y a ordenar que los procedimientos policiales en comunidades mapuche se efectuaran con garantía de los derechos de sus integrantes, en particular de los niños y niñas.
En este sentido, coincidimos nuevamente con el Relator Especial James Anaya cuando señala que “la comisión de eventuales actos de violencia no justifica en caso alguno la violación de derechos humanos de la población indígena por parte de los agentes policiales del Estado.”
3.- Por lo mismo es que nos parecen especialmente graves los anuncios emanados de esta cumbre de seguridad convocada por el ejecutivo, ya que la señal que ellos dan es la de la “mano dura” que sectores afines al gobierno han promovido por largo tiempo frente a los conflictos existentes en esta parte del país, expresada a través del fortalecimiento de la labor policial y de inteligencia, de la persecución penal focalizada hacia el pueblo mapuche, e incluso de la revisión legislativa para fortalecer la estrategia criminalizadora por medio de una de las instituciones más cuestionadas de la institucionalidad penal chilena, como son los testigos protegidos, que constituyen una abierta vulneración del derecho al debido proceso y a un juicio justo, institución utilizada en diversos juicios para inculpar a personas mapuche por supuestos delitos terroristas.
4.- Llama la atención la ausencia de una estrategia política para hacer frente a una realidad por cierto compleja, pero que está en el trasfondo de las situaciones de conflictividad interétnica que se viven en la Araucanía. Nos referimos a la inexistencia de propuestas que promuevan un diálogo que permita abordar los problemas más graves que hoy afectan a las comunidades, entre ellos el de la carencia de tierras como consecuencia de una política pública que ha resultado en el despojo de sus tierras ancestrales a comunidades, primero, y legales después, así como el problema del empobrecimiento progresivo de sus integrantes como consecuencia de la imposición de estrategias económicas– tales como la expansión acelerada de las plantaciones de monocultivos forestales por parte de grandes empresas- sin su consulta, y menos aún sin su consentimiento libre, previo e informado.
Cabe a su vez resaltar que los anuncios de esta cumbre no hacen mención alguna a instrumentos a los que el estado chileno ha adherido, como lo es el Convenio 169 de la OIT, el que prevé mecanismos específicos para la generación de diálogos eficaces entre los pueblos indígenas y el estado, como lo es la consulta con miras al consentimiento cuando se trata de la aplicación de medidas administrativas y legislativas susceptibles de afectarles directamente, derecho que a pesar de su relevancia, no ha sido garantizado por el estado a la fecha.
5.- Tampoco el acuerdo hace mención alguna a otra problemática que está en el trasfondo de las situaciones de conflicto que se han vivido en la región de la Araucanía, cual es el derecho de las comunidades indígenas a definir sus prioridades en materia de desarrollo, tal cual ha sido establecido por el mismo Convenio. Lamentablemente las Áreas de Desarrollo Indígena que se proponen para las comunas en donde los hechos de violencia han sido más intensos en el último año, tras más de 15 años de aplicación de éstas en otras zonas del país, no han demostrado ser espacios en que los pueblos indígenas puedan incidir de manera efectiva en la toma de decisiones, y menos aún en la definición del tipo de desarrollo económico, cultural y ambiental que se impulsa, sino más bien, tal como lo señala la ley 19.253 que las creó, ellos han sido espacios de focalización de la acción de los órganos del estado en “beneficio” de las comunidades.
6.- Finalmente, y no por ello de menor importancia, los anuncios no abordan el tema central que origina muchos de los conflictos que se pretenden zanjar a través de la cumbre, cual es el de la restitución a las comunidades mapuche de las tierras que les han sido privadas sin su consentimiento. Como el gobierno no puede ignorar, la propiedad privada se conformó en esta parte del país sobre tierras de propiedad ancestral mapuche, reconociéndose a este pueblo una parte ínfima de ellas. A lo largo del siglo XX y hasta hace poco, dichas tierras legalmente reconocidas les fueron usurpadas, estableciéndose sobre ellas propiedad fundiaria primero, y forestal después. La acción del estado para abordar esta realidad en las últimas dos décadas ha sido no solo lenta, sino que ha operado vía mercado y se ha orientado en la adquisición, a precios especulativos, de tierras de propiedad legal, dejando sin solución aquellas legítimas reclamaciones de comunidades basadas en la propiedad ancestral. El estado se ha negado hasta ahora a usar el mecanismo constitucional de la expropiación por causa de utilidad pública, que bien podría haber resuelto muchos de estos conflictos y evitado situaciones de violencia.
Bajo la actual administración, tales adquisiciones de tierras vía mercado han disminuido aún más, dada la reorientación de la política y recursos públicos en la perspectiva de apoyar la asociatividad de las comunidades con las empresas forestales, que son precisamente las que han generado no solo los conflictos de tierras a los que se hacía referencia, sino también de empobrecimiento y migración de las comunidades, estos últimos constatados por todas las encuestas públicas y recientemente por la encuesta CASEN.
Las medidas anunciadas por el gobierno, entonces, lejos de crear caminos de diálogo basados en derechos reconocidos a los pueblos indígenas por el estado chileno a través de compromisos internacionales, vienen a insistir en estrategias de criminalización y de estigmatización del mundo mapuche que en nada contribuyen a resolver los conflictos que se quieren abordar. Por el contrario, lo único que hacen, irresponsablemente, es poner más leña al fuego y preservar en el camino de la discriminación sistemática contra el pueblo mapuche y sus miembros.
Observatorio Ciudadano
Temuco, 25 de julio.