Este Miércoles 14 de Noviembre se llevó a efecto audiencia de Preparación de Juicio en causa seguida contra de seis pequeños pirquineros, quienes practican una minería artesanal y sin uso de contaminantes en el río Colico, ubicado en la comuna de Carahue. Son requeridos por el ministerio público por un supuesto hurto de material minero, el que se habría concretado en terrenos de propiedad de los propios pirquineros.
La organización que los agrupa, La Asociación de Huertos Mineros Santa Celia de Carahue, se presento masivamente en la audiencia en apoyo a sus compañeros perseguidos penalmente.
La defensa representada por el Centro de Investigación y Defensa Sur, al inicio de la audiencia presentó una solicitud de Sobreseimiento Definitivo de la causa, por no constituir los hechos atribuidas a los pirquineros un delito. Para ello se citaron principios y normas constitucionales y del propio derecho minero.
Los hechos que datan de Noviembre del año 2011, tenía relación con un supuesto hurto de un material minero -el que no fue adecuadamente individualizado. Igualmente no se acreditó la existencia de concesiones mineras sobre los terrenos de los pirquineros, como pretendían las empresas mineras Sociedad Contractual Minera la Montaña y Sociedad Minera Contractual Santa Celia.
Los hechos a juicio de la defensa correspondían a una conducta expresamente permitida y regulada por la legislación, Catar y Cavar lo que fue reconocido por el Juez de Garantia Mauricio Torres, quien consideró además, que al existir un procedimiento especial para sustanciar las eventuales transgresiones de la normativa minera, el Derecho Penal es de Ultima Ratio, es decir, la ultima alternativa. Por esta razón se dio lugar al Sobreseimiento Definitivo solicitado por la defensa. Con lo anterior se levantaron las cautelares que afectaban a los pirquineros desde el mes de marzo del 2012.
La fiscalía podría apelar a esta resolución, con ello se elevarían los antecedentes a la I Corte de Apelaciones de Temuco..
Los abogados del CIDSUR; se mostraron conforme con la resolución dictada, ya que ampara derechos reconocidos en la Ley, y manifiestan su preocupación por la sobreutilización del Derecho Penal para contener conflictos sociales, evitando con ello enfrentar los problemas de fondo y las necesidades de los ciudadanos.