El Centro de Investigación y Defensa Sur, interviniente en el públicamente conocido “Caso Luchsinger Mackay”, ante los sucesos acontecidos ayer en la Audiencia de Lectura de Sentencia Definitiva, que comunicó la pena de presidio perpetuo simple en contra de nuestros defendidos Luis Tralcal Quidel y José Tralcal Coche, y la de 5 años en contra de José Peralino Huinca, declara los siguiente:
1.- Desde el año 2010 hemos litigado en los distintos tribunales de las Regiones de La Araucanía, Bío Bío y Los Ríos, ejerciendo la defensa penal de comuneros mapuche acusados tanto por la ley común como por las normas de excepción que constituyen la Ley que Califica Conductas Terroristas (18.314) y la Ley de Seguridad Interior del Estado (12.927).
2.- Nuestra especialización se inserta en la necesidad y urgencia de defender el debido proceso y la presunción de inocencia de múltiples dirigentes del Pueblo Mapuche que han sido criminalizados. Siempre hemos desarrollado una defensa estrictamente técnica, observando y exigiendo no sólo el respeto de las normas jurídicas, sino también, un adecuado trato social respecto de todos los intervinientes y el principio de la buena fe.
3.- Que en el Estado constitucional y Democrático de Derecho, dentro de las obligaciones jurídicas y sociales que pesan sobre la Judicatura en una audiencia pública, está el escuchar las peticiones de las partes de manera respetuosa para resolver luego, conforme a su criterio jurídico y exponiendo públicamente la razones que fundan su decisión.
4.- Que en la audiencia de Lectura de Sentencia de fecha 11 de Junio los abogados Sebastián Saavedra Cea y Pablo Ortega Manosalva, defensores de Luis Tralcal Quidel y José Tralcal Coche, solicitaron una audiencia de Cautela de Garantías a fin de que un Tribunal no inhabilitado, permita a las defensas conocer las razones por las cuales la Jueza Ximena Saldivia -que asistió a casi la totalidad de las audiencias del juicio-, se retiró de éste justo antes de comenzar la etapa de alegatos de clausura. La petición busca corroborar lo que ha trascendido por la prensa y que fuera reconocido por la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco en comunicado del 28 de Mayo del presente: la denuncia de acoso laboral ingresada por la Jueza Saldivia ante la Asociación Chilena de Seguridad y que habría sido ejercida por un miembro del tribunal.
5.- Las defensas sólo tienen 10 días corridos para presentar su Recurso de Nulidad y revertir así la injusta condena impuesta el día de ayer, por lo que es necesario conocer en el más breve plazo los antecedentes de la denuncia de la Jueza Saldivia para acreditar la eventual Falta de Imparcialidad que podría evidenciar su reclamo. Sin embargo, precisamente el Tribunal que a nuestros ojos carece de Imparcialidad, se negó a citar a la audiencia urgente solicitada por las defensas y rechazó la petición formulada, fundándose en que el tribunal ya no tiene competencia, vulnerando así gravemente el derecho a defensa de los comuneros condenados a presidio perpetuo calificado.
6.- Ante la actuación del Tribunal, el defensor Sebastián Saavedra formuló un incidente de nulidad procesal a fin de preparar el posterior Recurso de Nulidad para ante la Exc. Corte Suprema, pero su actuación fue interrumpida por el Juez Presidente Germán Varas Ciccareli, quien en alta voz señaló, textualmente: “se terminó el debate, se terminó el debate, bien, cerramos el debate”, e inmediatamente se levantó y retiró de la sala junto al Juez Mauricio Poblete Erices, quedando sólo la Jueza Pinilla y el defensor exponiendo su petición ante un Tribunal ausente, que no terminó de resolver el incidente legalmente formulado.
7.- Llamamos la atención ante esta inaudita reacción de un Tribunal de la República, quien no sólo falta en su obligación de resolver las solicitudes de las partes, sino también a las normas mínimas de respeto que deben reinar en el debate jurídico y cotidiano, evidenciando nuevamente la falta de imparcialidad que en su contra se denuncia.
8.- Esperamos que la Exc. Corte Suprema revierta estas situaciones, que no hacen más que alterar las bases de un estado de derecho democrático, donde la Judicatura debe ser inmune a cualquier tipo de presiones, como única manera de garantizar los derechos de todo ciudadano.-
Centro de Investigación y Defensa Sur
12 de Junio 2018