Con fecha 4 de junio del 2012, la Excelentísima Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de queja interpuesto por el ministerio público en contra de lo resuelto por la I. Corte de Apelaciones de Temuco, que había confirmado la exclusión del juicio oral de la fiscalía local de Victoria en el caso denominado “Peaje Quino”.
Cabe señalar que en este caso el ministerio público había invocado la aplicación de la ley Nº 18.314 Sobre Conductas Terrroristas a 9 comuneros mapuche pertenecientes a las comunidades de Temucuicui Autónoma y Cacique José Guiñón. Sin embargo, y durante la audiencia de preparación del juicio oral realizada con fecha 26 de marzo de 2012, la jueza de garantía de Victoria Da. Evelyn Zelaya a petición de las defensas, ordenó la corrección de la acusación fiscal por considerar que los hechos ahí relatados no tenían relación con los hechos de la causa.
El día 3 de abril el representante del ministerio público, fiscal adjunto Miguel Ángel Velázquez, manifestó que no modificaría su acusación debido a que “no tenia errores”, desobedeciendo así lo ordenado por el tribunal de la República.
Ante esta inédita oposición y según lo ordena la legislación procesal vigente, el Tribunal de Garantía de Victoria resolvió entonces que se tendría por no presentada la acusación y que por lo tanto, debía retirarse de la sala el citado fiscal, quedando sólo como parte acusadora los abogados del Gobierno de Chile, que en su oportunidad y como resultado de la extensa huelga de hambre realizada por los comuneros el año 2010, sólo habían acusado por delitos comunes.
En consecuencia el Juicio Oral correspondiente, a realizarse en la ciudad de Angol en los próximos meses, tratará sólo sobre delitos comunes y se llevará a cabo sin la presencia del ministerio público.
Los abogados defensores del Centro de Investigación y Defensa Sur, Karina Riquelme Viveros, Pablo Ortega Manosalva y Sebastián Saavedra Cea se mostraron conformes con esta decisión indicando que “ lo resuelto por el máximo tribunal de nuestro país no hace más que dar estricta aplicación a la legislación vigente, y por tanto no nos sorprende. De todas formas valoramos esta resolución que importa un nuevo paso para demostrar lo que de un inicio hemos señalado, esto es; la inocencia de nuestros representados.”
Cabe destacar que los comuneros procesados en esta causa, pasaron más de 18 meses en prisión preventiva en la cárcel de Angol.
Por Centro de Investigación y Defensa Sur.