El día de hoy, 21 de noviembre se realizó en el Juzgado de Garantía de Temuco Audiencia de Juicio Simplificado llevado a cabo por la Fiscalía de la Región de la Araucanía en contra de 31 comuneros mapuche por el delito de ocupación ilegal del artículo 264 inciso 2° del Código Penal.
Lo anterior, por cuanto el día 17 de agosto 2015 los mapuche ingresaron a dependencias de la Dirección Nacional de la CONADI en Temuco, solicitando la comparecencia del entonces Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, exigiendo la desmilitarización de las comunidades, principalmente de la provincia de Malleco.
Luego de 3 semanas de manifestaciones pacíficas y emplazamientos de parte de los comuneros y dirigentes mapuche, el gobierno de Michelle Bachelet, en conjunto con el Ministerio Publico y Carabineros de Chile, el día 7 de septiembre de 2015 procedió a realizar el desalojo violento de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, y se detuvo a las 31 personas que en dicho momento se encontraban al interior de la repartición pública.
Pese a tratarse de una manifestación absolutamente pacífica, de no existir ningún daño ni a la propiedad pública ni privada, pese a no resultar ningún funcionario de CONADI ni de Carabineros lesionados, todos los detenidos fueron requeridos por la justicia penal. El Ministerio Público solicita penas de 100 a 300 días de reclusión, más el pago de una multa de 8 UTM.
El presente proceso permite vislumbrar de forma patente que la militarización del territorio mapuche y las solicitudes de comuneros y dirigentes mapuche para el cese de las hostilidades de parte del Estado son de larga data. Asimismo, la respuesta del Estado chileno, sea quien sea que se encuentre en el gobierno de turno, ha mantenido una respuesta común y constante: la criminalización de la protesta social y de sus dirigentes.
Si en su momento, el Estado de Chile hubiese recogido la petición formulada por estos 31 mapuche y otros tantos dirigentes, y hubiese concurrido un ministro de Estado que realmente hubiese tenido la voluntad de terminar con la violencia en el territorio mapuche y mediante el dialogo y no la criminalización, hubiese negociado una salida política al conflicto territorial entre el Estado y el pueblo mapuche, sin duda, no estaríamos lamentando la muerte del joven mapuche Camilo Catrillanca a manos del comando jungla de Carabineros de Chile.
El Centro de Investigación y Defensa SUR, a petición de los comuneros mapuche, asumirá la representación de los 31 imputados, donde se buscará acreditar su absoluta inocencia, demostrando que los actos de protesta social que buscan la salida política y pacífica a un conflicto centenario no constituyen delito. Muy por el contrario, se trata justamente de la forma en que las naciones civilizadas solucionan sus discrepancias cuando el Estado de Derecho es el que prima. La paz no se alcanza con comandos militares.
La Audiencia de preparación de juicio simplificado fue fijada para el día 22 de enero de 2019 a las 8:30 horas en el Juzgado de Garantía de Temuco.