Tras los videos que buscan desprestigiar a Alejandra Parra, co-fundadora de la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA) en su activa oposición al proyecto WTE Araucanía, que pretende instalar una incineradora de basura en Lautaro, el viernes 7 de marzo el Juzgado de Garantía de Temuco declaró admisible la querella presentada junto a ocho abogados y abogadas comprometidos con la defensa de los derechos humanos.
En la víspera de una nueva conmemoración por el 8M, el Juzgado de Garantía de Temuco dio el vamos a la querella presentada por el equipo jurídico de la Defensora de Derechos Humanos Alejandra Parra, para investigar la presencia del delito de amenazas mediante dos videos difundidos en redes sociales que desmienten, sin fuentes ni autoría, la información proporcionada por la activista acerca de los riesgos del proyecto WTE Araucanía, que busca construir una incineradora de basura en la zona urbana de Lautaro.
Pese al rechazo que ha tenido el proyecto en distintas instancias formales desde el 2022 a la fecha, el segundo semestre del 2024 la empresa WTE Araucanía SpA ingresó una reclamación en el 3er Tribunal Ambiental de Valdivia contra el Servicio de Evaluación Ambiental a nivel central por el rechazo del proyecto en el Comité de Ministros en 2023, cuya audiencia está fijada para el 24 de marzo.
Entre las razones se encuentran el riesgo para la salud de la población, perjudicar las actividades agropecuarias del entorno, incumplir con el plan regulador de Lautaro que establece la prohibición de la instalación de plantas de tratamiento de basura dentro del límite urbano de la comuna y la falta de consulta indígena en las comunidades mapuche.
Para profundizar sobre estos puntos, el pasado 13 de febrero, Alejandra Parra expuso en la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Municipal de Lautaro en representación de la RADA, organización que desde el 2016 viene realizando acciones de información respecto a las consecuencias negativas de ejecutar el proyecto de WTE Araucanía en la región.
Participación tras la cual el 17 de febrero la cuenta de instagram “Solución Limpia Ahora” publicó un video con un extracto de la exposición desacreditando la información entregada por la experta, acusándola de difundir mentiras a título personal e invisibilizando la activa participación que han tenido comunidades y organizaciones de Lautaro.
Al día siguiente, desde una cuenta de Facebook con nombre María José Gallegos, se publicó otro video en los comentarios de dos portales de noticias regionales: Araucanía Diario y Noticias Red Cordillera que muestra siete fotografías de Alejandra Parra, acusándola de “esparcir mentiras que ponen en riesgo a la ciudadanía de Lautaro”. Desacreditando las dos décadas de activismo e investigación con que cuenta Alejandra Parra, de profesión Bióloga en Gestión de Recursos Naturales y Máster en Planificación de la Universidad de Otago, es coordinadora de la Alianza Basura Cero Chile y asesora para la Alianza Global por Alternativas a la Incineración GAIA.
Fotografía cortesía RADA
Acuerdo de Escazú
La querella en curso, hace referencia al Acuerdo para velar por el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, comúnmente conocido como Acuerdo de Escazú, al cual adhiere el Estado de Chile desde el 2022. Siendo este el primer instrumento internacional de Derechos Humanos que establece a los protectores de la naturaleza o defensores del medio ambiente como una figura respecto a la cual el Estado debe brindar determinados apoyos o un ambiente propicio para lograr sus objetivos.
Al respecto, Sebastián Saavedra, uno de los abogados querellantes y presidente del Centro de Investigación y Defensa Sur, CIDSUR señaló: “Invocamos este tratado toda vez que podremos ver en hechos concretos si el protocolo suscrito por el Estado de Chile es suficiente para alcanzar un ambiente propicio, como señala el acuerdo, para la actividad de los defensores del medio ambiente”.
Querella que sucede en un contexto nacional donde la dirigente mapuche Julia Chuñil de 72 años, lleva más de cuatro meses desaparecida y luego de , al respecto el abogado reflexiona: “cabe recordar el ejemplo de Julia Chuñil, que tratándose de una situación evidentemente diferente, señala que un ambiente rodeado de amenazas establece un contexto que permite la realización de hechos delictivos que pueden terminar en amenazas, como el caso de Alejandra, o la muerte, desaparición o amedrentamiento físico. Esperamos que en esta oportunidad estos tratados internacionales prevengan este tipo de situaciones y permitan el desarrollo adecuado de una defensa integral de las personas que ejercen esta función primordial en el Estado de Derecho Democrático”.
Violencia de género contra defensoras ambientales
Otro de los puntos que se abordan en la querella presentada, es la necesidad de investigar con debida diligencia la existencia de violencia de género al centralizar la difamación en la figura de Alejandra Parra, personalizando su trabajo sin considerar que forma parte de una organización que tiene más miembros y miembras activas, y que las comunidades de Lautaro también se oponen a este proyecto.
Al respecto, la activista comentó: “creo que los empresarios que promueven el proyecto WTE Araucanía piensan que soy un blanco más fácil de atacar porque soy mujer. Dentro de las estructuras patriarcales es más fácil destruir la imagen pública de una mujer porque estamos bajo el escrutinio permanente que evalúa si estamos cumpliendo con el rol social establecido. Ser mujer y ser defensora de los derechos humanos y de la naturaleza, está lejos de ser el rol que el patriarcado le impone a las mujeres”.
A lo que añadió “estamos hablando de un sector con mucho poder económico y político, acostumbrado a forzar sus decisiones sobre otras personas, a comprar voluntades y pagar por el trabajo sucio. Por eso es muy importante que existan marcos legales como el acuerdo de Escazú y la ley 21.675, que indica que Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia. Ambos marcos permiten a quienes nos vemos sujetas a ataques, contar con herramientas extra que dan cuenta del doble factor de vulnerabilidad, lo que mejora el balance de poder entre las partes, aunque no empareja por completo la cancha ya que eso requiere un cambio estructural social y económico mucho mayor, por el que también luchamos”.
La abogada Natividad Llanquileo, señaló: «Solicitamos diligencias para que sea la Brigada del Cibercrimen quienes lleven a cabo esta investigación y poder determinar la existencia o no de un delito de amenaza. Se establecerán los plazos para las diligencias y se dispondrán otras diligencias del Ministerio Público como organismo persecutor. Tenemos que analizar otras vías para resguardar la integridad de nuestra representada».
En paralelo a la querella presentada, más de cien organizaciones sociales y personas naturales firmaron una declaración titulada “Apoyo a Alejandra Parra y a la Red de Acción por los Derechos Ambientales ante el acoso y la difamación (RADA)”, que ha sido difundida en diversas redes sociales. Lo que resuena con las palabras de Alejandra Parra: “junto a las herramientas legales, la herramienta social de la solidaridad son esenciales para la protección efectiva de quienes nos vemos amenazados por estos grupos de poder, y que sepan que si tocan a una, nos tocan a todas”.
El equipo de abogados y abogadas que presentaron la querella está compuesto por Karina Riquelme, Jaime Madariaga, Rodrigo Pizarro, Sebastián Saavedra, Felipe Guerra, Vivian Franco, Natividad Llanquileo y Sergio Millaman.