- Representantes del Centro de Investigación y Defensa Sur CID Sur, Fundación Instituto Indígena y el Observatorio Ciudadano, en reunión con Gobernador de la Araucanía, plantearon su preocupación por el clima de violencia, especialmente aquella de carácter policial que ha derivado en actos de tortura inhumanos y degradantes, que nuevamente ha afectado la integridad física y síquica de personas altamente vulnerables, como niños y mujeres mapuche.
- En la misiva al Presidente de la República manifiestan además la inquietud que provocan los anuncios de gobierno tras la Cumbre de Seguridad convocada en la región, pues ésta no aborda el tema de fondo que origina muchos de los conflictos actuales, como es la restitución a las comunidades mapuche de las tierras que les han sido privadas sin su consentimiento, así como el respeto a sus derechos políticos y colectivos.
Hasta las oficinas del Gobernador de la provincia de Cautín, Miguel Mellado, llegaron esta mañana representantes de organizaciones de derechos humanos de la Región de la Araucanía para plantearle su máxima preocupación por el clima de violencia existente en la región, especialmente la ejercida por carabineros, que ha dejado ya un saldo de varios miembros del pueblo mapuche lesionados, incluidos niños y mujeres.
Respecto del tenor de la conversación, Pedro Mariman, coordinador del Programa de Pueblos Indígenas del Observatorio Ciudadano, explicó que ante los planteamientos formulados el gobernador señaló que son los mapuche quienes con su actos de protesta violan el estado derecho y es deber de las policías restablecerlo. Sin embargo, como bien recuerda el profesional del Observatorio, se trata de un estado de derecho erguido o construido sobre una injusticia histórica “que el desarrollo del derecho internacional en materia de derechos humanos llama reparar, y para lo cual se cuenta con un instrumento, como es el Convenio 169 de la OIT, que estimula el diálogo con los pueblos indígenas para la solución de estas problemáticas”, señaló.
Mariman destacó, a su vez, como un hecho del todo inaudito el anuncio que hizo el gobernador respecto de la posible presentación una querella contra los padres que llevaron a sus niños al Hospital de Collipulli, y que recibieron los disparos de carabineros. “Nosotros creemos que esto es un contrasentido. Pues lo esperable es que el gobierno tome todas las medidas que estén a su alcance, contra los carabineros que no respetan los protocolos de procedimiento”, enfatizó.
Por su parte Eduardo Mella, del Centro de Investigación y Defensa Sur (CIDSUR), señaló que “la política que se sigue implementado tiene que ver con la seguridad pública. De hecho el gobernador hizo un parangón entre el reforzamiento del contingente policial en la Araucanía, como una especie de plan cuadrante rural, cuestión que no nos parece. Pues esas medidas solo van a contribuir a aumentar el clima de violencia, mientras el tema de fondo no se sigue abordando”, dijo.
Carta a Piñera
En cuanto a la carta ingresada a la oficina de partes de la Gobernación y dirigida al Presidente Sebastián Piñera, ella plantea varios puntos relativos a los anuncios de la “Cumbre de Seguridad” que el mandatario convocó la semana pasada, pero que excluyó a representantes del pueblo mapuche que demandan restitución de derechos políticos y territoriales. Al respecto José Aylwin, co-director del Observatorio Ciudadano, especificó que “manifestamos en esta carta que va dirigida al presidente Piñera, al Intendente Regional, pero también el Relator de naciones Unidas James Anaya, que el estado tiene que tomar cartas en el asunto, tomando en cuenta sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, señaló.
Agrega la misiva que constatan con inquietud que el gobierno, más de llamar a un proceso de diálogo y a generar mecanismos efectivos que permitan revertir esta situación, le ponga “más leña al fuego”, pues básicamente “se dejan llevar por aquellos sectores que piden mano dura y anuncian vías de persecución penal, una criminalización que no toma en cuenta los problemas históricos que hay en esta región, ni tampoco al Convenio 169 de la OIT, que entre cosas dispone que los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados ante medidas administrativas o legislativas que puedan afectarles y a definir sus propias prioridades del desarrollo, situación que en Chile no se aplica”, concluyó, haciendo un llamado a repensar las políticas públicas.
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