CENTRO DE INVESTIGACION Y DEFENSA SUR

El Centro de Investigación y Defensa SUR es una organización social, sin fines de lucro, orientado a investigar y documentar situaciones de vulneración de DD.HH, así como también  brindar defensa jurídica especializada tanto en el contexto nacional e internacional a personas indígenas y no indígenas, niños y adultos, que producto de su participación en actos relacionados a la protesta social sean perseguidos penalmente o vean vulnerados sus derechos fundamentales por parte de agentes del Estado.

No obstante que el Centro de Investigación y Defensa SUR  fue  constituido legalmente el 15 de abril del 2011, el equipo de trabajo que lo compone data de principios del año 2010 y sus integrantes contamos con experiencia y trabajo previo en la defensa de derechos humanos desde principios del 2000, participando en procesos emblemáticos de defensa de derechos humanos. Desde entonces hemos trabajado de forma autónoma en la defensa de los derechos humanos de ciudadanos indígenas y no indígenas que habitan el sur de Chile, que han sido acusados de delitos asociados a la protesta social, y en el cuál se han invocados leyes de excepción (Ley antiterrorista, ley de Seguridad Interior del estado) por parte del Ministerio Público y de instituciones del Estado. En el mismo sentido hemos patrocinado causas en las que interviene la Justicia Militar en el procesamiento de civiles, y causas en contra de agentes del Estado que han vulnerado el derecho a la integridad física y psíquica de personas indígenas y no indígenas a través del ejercicio de tortura, tratos crueles y degradantes.

La actividad de defensa realizada tiene una gran importancia en el contexto político del Chile actual, ya que no obstante el retorno a la democracia hace 21 años persisten graves obstáculos para la vigencia efectiva de los derechos humanos de los ciudadanos, en general, y de los pueblos originarios, en particular.

Lo anterior se caracteriza por la persistencia de hechos de violencia policial en contra de civiles y el consiguiente juzgamiento por tribunales militares, la inexistencia de un marco jurídico apropiado que resguarde los derechos de los pueblos originarios, las contradicciones de la política pública en un contexto de liberalismo económico, y  principalmente la política de criminalización a la protesta social en general, todos elementos que han sido representados por diversas instancias y por prestigiosas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, nacionales e internacionales, y cuyas recomendaciones no han sido asumidas por el Estado chileno hasta la actualidad.

Así mismo, en Chile no existen instancias públicas suficientes (Defensor de Pueblo, Defensorías Públicas especializadas) que asuman una defensa integral de ciudadanos mapuche y chilenos perseguidos penalmente por  delitos asociados a la protesta social, y en la medida que sus derechos han sido vulnerados sistemáticamente y este tipo de causas se han acrecentado, es que numerosos esfuerzos individuales y de organizaciones de derechos humanos han convergido desde mediados del 2009 en acciones colectivas de defensa penal, a partir de la conformación de equipos especializados a fin de sostener y llevar adelante la defensa las persecuciones penales encabezadas por el Ministerio Público y la jurisdicción militar.

 

Entra las diversas acciones de promoción y defensa de derechos de mapuches perseguidos penalmente, destacan casos en que éstos han sido sometidos a torturas y tratos vejatorios –con el objetivo de coaccionarlos a confesar delitos y delatar a otros comuneros mapuche- y en virtud de lo cual se han emprendiendo acciones legales a fin de lograr la sanción de los responsables de tales hechos.

Igualmente, se ha apoyado a los comuneros y a sus familias de diversas formas, entre las que se cuentan: realización de visitas periódicas a los centros penales de las regiones del Bio Bio, Araucanía y Los Ríos con el fin de mantener contacto permanente con los presos, monitoreando su situación carcelaria; realización de visitas periódicas a los grupos familiares de las personas perseguidas penalmente, con el fin de mantenerlos informados de los casos, capacitarlos acerca de sus derechos y del proceso propiamente tal y consensuar estrategias que los incluyan en el proceso de defensa, investigación y documentación de cada caso y realización de Informes Periciales (Arraigo Social, Antropológico, psicológico, entre otros); solicitud de revisiones de medidas cautelares en favor de personas que productos de la persecución penal se encontraren en prisión preventiva y la apelación de las mismas ante las Cortes de Apelaciones y Suprema de justicia; solicitud de diligencias de investigación e interposición de recursos legales que contribuyan a las defensas; realización de reuniones periódicas del equipo, así como la toma de contacto con otros defensores penales para eventuales coordinaciones de las defensas con el fin  de mantener información actualizada de los casos; acompañamiento y documentación  de procesos penales mediante el estudio y orientación de causas en las cuales el estado ha tomado el patrocinio con el fin de cautelar el debido proceso.

Centro de Investigación y Defensa SUR, Organización Social de Derechos Humanos, Personalidad Jurídica Nº 4682, Rol Único Tributario Nº 65.039.755-K,  Temuco, Chile.

 

Para contacto y solicitud de información: centroidsur@gmail.com.